 ALAN SOCIO FUJIMONTESINIST
Una de las preguntas más frecuentes que se hacen hoy muchísimos peruanos es la de por qué, ahora, se permite el retorno de Alan García y, encima, su postulación a la presidencia de la República. Hay en ello una acusación implícita, pero grave: por más nefasto que haya sido Fujimori para el país, por lo menos mantuvo a raya al culpable del desastre nacional y, en cambio, el gobierno democrático no lo hace.
Pues la verdad de esta historia es exactamente la opuesta; a saber que Alberto Fujimori es el principal responsable de que Alan García no haya sido sancionado por sus crímenes contra los derechos humanos y por los actos de corrupción.
Veamos como informábamos en 1990 en la revista ideele sobre una de las dos acusaciones constitucionales de las que se libró García (y prepárese, pues se encontrará con más de una sorpresa):
“El pasado miércoles 7 de noviembre el ex-Presidente de la República, Alan García Pérez, fue librado del antejuicio político al que debía ser sometido merced al dictamen en mayoría presentado por la Comisión de Acusación Constitucional contra el ex-Presidente por los trágicos acontecimientos de los penales. La decisión fue tomada en el plenario de la Cámara de Diputados donde una precaria mayoría conformada por el APRA y el movimiento Cambio 90 obtuvo 80 votos, contra 75 que logró acumular el conjunto de la oposición a favor de la acusación, luego de más de 15 horas de arduo debate que se inició en la víspera.
El Apra y algunos representantes de Cambio 90, entre ellos el diputado Gilberto Siura que hizo la defensa más vehemente, realizaron los descargos que creyeron pertinentes evidenciando en el debate, que existía un acuerdo político para exculpar al ex-presidente. Pese a la indudable alianza de Cambio 90 y el Apra, otros elementos contribuyeron a que los resultados se presentaran de esa manera.
Uno de los más importantes factores que pesó en el resultado adverso de la votación que esperaban alcanzar los auspiciadores de los cargos contra el ex-presidente fue la inasistencia de varios integrantes de sus bancadas y las defecciones que se produjeron en algunos grupos, especialmente en el FIM, el Frenatraca y en el sector de los independientes.
La oposición que votó a favor de la acusación, reunió 75 sufragios, de los cuales 20 fueron de Acción Popular, 23 del PPC, 14 de IU, 8 de Libertad, 4 de Izquierda Socialista, 3 del FIM y 3 disidentes de Cambio 90. Entre otros diputados estuvieron ausentes, Víctor Andrés García Belaúnde, Ismael Benavides y Raúl Diez Canseco de AP, que adujeron viajes urgentes. Tampoco se hicieron presentes el “secuestrado” diputado Gerardo López y el pastor evangélico Guillermo Yashikawa, ambos de Cambio 90, que prefirieron ausentarse ese día. Tampoco Eduardo López Therese, ni Jaime Picasso Salinas del FIM, -según dijeron- por motivos de viaje. En esta misma fuerza política se abstuvieron de votar los diputados Fernando Flores Araoz y Edgar Terán, favoreciendo con ello a la exculpación. En el movimiento Libertad no estuvo el diputado Mario Roggero. En IU estuvo ausente Germán Gutiérrez Linares y, en el PPC, Roberto Ramírez del Villar, quien se recuperaba de una reciente operación.
Tanto el diputado García Belaúnde de Acción Popular, como el diputado cambista Gerardo López, señalaron que no pudieron asistir a la sesión del Parlamento porque tenían compromisos antelados que cumplir. El primero en un pequeño poblado de los alrededores de Lima, donde -dijo- “si no iba me matan” y el segundo porque se encontraba “atendiendo su base” en Villa el Salvador.
El resultado de la votación fue objeto del rechazo categórico de las distintas fuerzas políticas que señalaron la abierta asociación de intereses políticos del Apra y el movimiento del Presidente Fujimori. Para la amplia mayoría de los analistas, la votación mostró al país que la coalición Apra-Cambio 90 volvió a operar en retribución de los “favores” políticos del Apra y notificó al país que las banderas de moralización levantadas por el oficialismo quedaban, por decir lo menos, seriamente cuestionadas, y al mismo tiempo permitió el fortalecimiento del aprismo.
Como parte de su estrategia los líderes apristas, según los medios de comunicación, habrían buscado al Presidente Fujimori para llegar a acuerdos que impidan el progreso de la acusación constitucional. Según la revista Sí, el presidente Fujimori se reunió con una delegación del APRA encabezada por su secretario general, Luis Alva Castro, hasta en 3 oportunidades en Palacio de Gobierno y pasada la medianoche. Se inició así una ronda de conversaciones que tocaron diversos temas, entre ellos la exculpación, buscando acuerdos políticos.
En sus posteriores presentaciones públicas el Presidente Fujimori no desmintió el acuerdo político al que habría llegado con el Apra y se negó a dar respuesta sobre la alianza Apra-Cambio 90 que libró de la acusación constitucional al ex-presidente García, prefiriendo señalar que “a pesar de que hay muchos que critican en mi gobierno por el sólo hecho de hacer oposición por oposición seguirá con firmeza los lineamientos programados”, volviendo a hacer un llamado genérico para combatir a la corrupción”.
De hecho, la alianza del Apra y Cambio 90 para la exculpación de García Pérez, cerró una etapa inicial del proceso de acercamiento que se venía dando entre ambas organizaciones políticas. Se trata, evidentemente, de un acuerdo pragmático que significa para el Presidente Fujimori una relativa libertad política para gobernar, en base a la mayoría que le otorga el Apra en el Parlamento; y, de otro lado, el Apra se cubre, en términos prácticos, las espaldas en los procesos investigatorios sobre la corrupción que campeó durante su gestión.
La decisión de la Cámara de Diputados puso término a todo un proceso político, el primero que registra la historia republicana en cuanto al juzgamiento parlamentario de un ex-jefe de Estado y además, porque no sólo se trataba del juzgamiento de una de las más graves masacres de reclusos, sino la mayor registrada en la historia peruana, en un contexto de violencia política.
Se ha perdido así, por lo menos en las instancias de decisión nacional, una importante oportunidad para rescatar la acción del Estado de la lógica violentista a la que ha sido arrastrada por la acción de los grupos subversivos, y encaminarla por la ruta política y éticamente legítima de la afirmación y consolidación de la democracia en base al respeto a los derechos humanos”. (Extractos del artículo “Antejuicio a Alan García, triunfo de la impunidad” en ideele, N° 20, noviembre de 1990)
Tiempo después, y luego del golpe del 5 de abril, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos encontraron en la persecución política (más no judicial) de Alan García una eficaz fuente de legitimidad para sus actos. Tenerlo a García fuera, y asustarnos con el cuco de su posible retorno, les fue muy útil a sus fines. Pero como hemos visto, cuando hubo la oportunidad real de sancionarlo como se debía no lo hicieron y, por el contrario, le dieron los votos que le garantizaron su impunidad.
Pues ahí está de nuevo Alan García. Con un verbo aún más afilado que en el pasado, se aprovecha que todos los candidatos están apiñados hacia el centro derecho del escenario político, para pretender -con relativo éxito- representar las demandas de “los pobres y de los explotados”. ¡Pobre Perú!
Después de todo el daño que hizo Alan García, que pueda ser de nuevo candidato es un alto precio que pagamos los peruanos y es el resultado directo de la impunidad que hasta hoy se ha tenido para los crímenes de Estado.
VEAN A LA CHICA MAS HERMOSA DEL APRA   |