 Re:PJ y JNE en manos apristas
PRONTUARIOS DE ESTOS SINVERGUENZAS.......:
A MANUEL SANCHEZ PALACIOS PAIVA
(PRESIDENTE DEL JNE)
En 1995, como integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, fue uno de los vocales que votó por la aplicación de la Ley de Amnistía a los miembros del Grupo Colina que participaron en la matanza de Barrios Altos. Señaló en un voto singular que, para los implicados en el caso Barrios Altos, “la amnistía producía los efectos de cosa juzgada” y que, por tanto, el proceso debía ser archivado.
A WALTER VASQUEZ VEJARANO
(PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA)
No fue inmaculado –por lo decir lo menos- en términos de injerencia política en el sistema de Justicia, y cuando una serie de magistrados con fama de apristas están reincorporándose al Poder Judicial debido a que están ganando acciones legales a su favor, debido a que Fujimori los sacó –es verdad– sin respetar ningún tipo de procedimiento.
Hay que tomar en cuenta que Vásquez Vejarano votó como magistrado a favor de la prescripción de los delitos de Alan García, pero también que dicha prescripción, si bien políticamente cuestionable, desde el punto de vista jurídico hay fundamentos para una u otra posición.
Es muy reacio a todo lo que es abrir el sistema de justicia a la sociedad, avanzar en términos de la transparencia, rendición de cuentas, participación y al control externo.
A VICENTE RODOLFO WALDE JAUREGUI
(EX-VOCAL TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA)
Se le vincula con el Apra. El caso que más se le recuerda es el de su participación en la estatización de la banca decretada por Alan García en 1987, cuando desestimó una acción de amparo que pretendía impedir la intervención de los bancos, cuando ya otro juez, Eduardo Raffo, había dispuesto el cese de la misma.
En 1991 estuvo involucrado en una investigación que realizó la Oficina de Control Interno sobre un supuesto intento de soborno, que habría comprendido a su secretario y a funcionarios de la Central de Crédito Cooperativo, la CCC. La investigación se interrumpió con el golpe del 5 de abril de 1992 impidió una investigación exhaustiva de la denuncia.  |