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CUESTIONAMIENTOS A LOS PRINCIPALES CANDIDATOS PARA LA CORTE SUPREMA

Desde fines de octubre del 2004, como es costumbre en los predios judiciales, ya se sabía quiénes eran los principales candidatos a suceder a Sivina, por más que de acuerdo a ley no existen ni candidatos ni contienda: Sánchez-Palacios Paiva, Vásquez Vejarano y Walde Jáuregui.

Tres candidatitos frente a las que no cabe oponerse haciendo cuestión de estado, porque no hay ningún hecho irregular o ilícito que lo amerite (como sí habría ocurrido, si hubiesen postulado otros vocales que tienen en su contra graves cuestionamientos y denuncias), pero que es obvio que ninguno genera el nivel de expectativas que sí se tuvo hace dos años respecto a la elección de Sivina.

Y hay una razón fundamental: salta a la vista que ninguna de ellos será el líder –el casi héroe– que el país necesita para realmente cambiar la situación crítica que atraviesa el sistema de Justicia. Ninguno de ellos puede exhibir una trayectoria, una mentalidad o una actitud que nos pueda hacer creer que se comprará el pleito de la famosa refundación del sistema de Justicia.

Más bien, de lo que se sabe de ellos, se puede intuir que se limitarán a administrar la situación actual sin mayores cambios y hasta puede haber retrocesos por lo “institucionalistas” que son en todo.


Ahora, nada nos gustaría más que tener que reconocer que nos equivocamos. Si quien sale elegido, pasa a liderar un proceso de reforma en la dirección que el país exige, pues nos retractamos y pasamos a apoyarlo, como intentamos hacer con Hugo Sivina.

Pero, además en las trayectorias de los tres, hay algunos datos preocupantes, que hay que tomar en cuenta de manera especial a la hora de comenzar a hacer el seguimiento del papel que hará quien salga elegido.

En el caso de Sánchez Palacios tenemos tres preocupaciones. La primera: no podemos olvidar la obsesión que demostró como Presidente del JNE contra Fernando Tuesta y la ONPE en general, lo cual sin duda ha contribuido al infeliz desenlace que todos conocemos .Cómo debe de ser el sistema electoral en el país es un asunto debatible, pero siempre y cuando se haga mirando lo que conviene al país y más allá de los propios intereses institucionales y personales. Nadie podría achacarle a Sánchez Palacios alguna irregularidad durante los procesos electorales que se realizaron mientras él estuvo a cargo del JNE, pero sí es discutible su actitud frente a la ONPE.

Respecto a él también nos preocupa sus recientes declaraciones a favor de la postulación electoral de Fujimori. Es cierto que después retrocedió, pero tuvo una posición original cuestionable. No deja de llamarnos la atención que quien tuvo esta posición a favor de Fujimori podría terminar siendo el Presidente de la Corte Suprema, y quien estuvo en contra (Tuesta) haya sido casi expulsado.

El que Sánchez-Palacios haya votado a favor de la aplicación de la Ley de Amnistía al caso Barrios Altos, es obviamente también un punto en contra para nosotros. Es cierto que en ese entonces fueron muchas las autoridades que estuvieron a favor de la aplicación de dicha ley, pero ya entonces hubieron autoridades y hasta magistrados en contra, y, lo que es más cuestionable, es que después del tiempo transcurrido y todo lo que se ha ido conociendo (informe de la CVR de por medio), no haya de parte del magistrado una clara autocrítica.

A su favor, tiene Sánchez-Palacios, el hecho objetivo de que en términos de capacidad profesional está claramente por encima del promedio y que con él, el Poder Judicial puede pretender tener un mayor peso como Poder del Estado.

En el caso de Vásquez Vejarano, los puntos críticos principales son: 1) Es obvio que no tiene las ideas que corresponde a una concepción democrática y moderna de la justicia. Es muy reacio a todo lo que es abrir el sistema de justicia a la sociedad, avanzar en términos de la transparencia, rendición de cuentas, participación y al control externo. Por tanto, sus posibilidades de liderar una reforma son aun más remotas, 2) Se le considera cercano al APRA.

Respecto a este último punto, hay que considerar que sería absurdo que para ser magistrado o presidente de la Corte Suprema se exigiera no haber tenido simpatía o militancia política. Atentaría contra el derecho y hasta el deber de integrar partidos políticos, y podría terminar favoreciendo a los que han hecho poco por la participación política en el país.

Pero a la vez hay que mirar con especial atención la actuación del magistrado de quien se cree tuvo o tiene este tipo de relación política, y por sus hechos -sus decisiones- deberá ser juzgado. Y más aun si de por medio está el partido Aprista, partido que cuando gobernó, no fue inmaculado –por lo decir lo menos- en términos de injerencia política en el sistema de Justicia, y cuando una serie de magistrados con fama de apristas están reincorporándose al Poder Judicial debido a que están ganando acciones legales a su favor, debido a que Fujimori los sacó –es verdad– sin respetar ningún tipo de procedimiento.

Hay que tomar en cuenta que Vásquez Vejarano votó como magistrado a favor de la prescripción de los delitos de Alan García, pero también que dicha prescripción, si bien políticamente cuestionable, desde el punto de vista jurídico hay fundamentos para una u otra posición.

Vásquez Vejarano tiene a su favor que es considerado una persona correcta. Como prueba de ello es que representantes de Fujimori le ofrecieron $ 50,000 dólares como parte de una solución amistosa respecto a la demanda que a su favor corría en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, oferta que él rechazó. Pregunta al paso: ¿cuál es su posición frente a la Corte Interamericana? ¿Saldrá a defenderla, él que recurrió a ella y ganó?

En el caso de Walde Jáuregui se dice que es también cercano al APRA, y se suele mencionar su actuación en relación a la estatización de la banca por Alan García, contexto en el que declaró infundado uno de los amparos interpuestos por los bancos, mientas que otro(s) magistrados había dado la razón a los bancos. Caso que es también -hay que reconocer– polémico, desde el punto de vista político y jurídico, sobre todo en el momento que ocurrieron los hechos.

Respecto a este magistrado hay también una serie de denuncias por su actuación jurisdiccional, que si bien no han concluido en ningún pronunciamiento definitivo, han dado origen a investigaciones, como fue el sonado caso de la Central de Crédito Cooperativo, la CCC, que motivó una investigación en control interno.

Hoy en día, Manuel Sanchez Palacios Paiva es el actual Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Walter Vásquez Vejarano es el Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y; Vicente Walde Jaúregui fue nombrado Vocal Titular de la Corte Suprema de Justicia(destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura en octubre del 2005).

QUE DUDA CABE, LOS APRISTAS SON COMO LAS GARRAPATAS QUE SE INFILTRAN POR TODOS LADOS PARA SUS PROPIOS INTERESES Y SATISFACERSE DEL PODER. YA TIENEN CONTROLADO 2 PODERES DEL ESTADO, AHORA QUIEREN EL EJECUTIVO...NO CAIGAMOS EN EL ENGAÑO DE UNA PSEUDODEMOCRACIA, ALAN QUIERE CONTROLARLO TODO, SOLO FALTA EL LEGISLATIVO, POR ESO AHORA ANDA DICIENDO QUE QUIERE CERRAR EL CONGRESO Y ELEGIR NUEVOS REPRESENTANTES Y ASI TENERLO TODO BAJO SU DOMINIO. ESTO SI QUE SERÍA UNA DICTADURA!!!!!!!