5.1 EL FRACASO DE LA REPUBLICA CRIOLLA Y ARISTOCRATICA

El Estado que se constituye con la independencia en 1821, es un estado criollo, nominalmente republicano. No encarna la voluntad mayoritaria y mancomunada de los habitantes ni traducía un contrato social entre los mismos. Más de las cuatro quintas partes de la población estaba constituida por quechuas, aymaras, pueblos originarios indígenas, selváticos, negros y mestizos, los que estaban excluidos del estado. Ni eran ciudadanos ni gozaban de derechos.

Recién en 1854, con Ramón Castilla, la esclavitud es abolida. En 1956 se reconoce el voto femenino, y en 1979 el voto de los analfabetos (léase indígenas, mayoritariamente quechua y aymará- hablantes).

Durante más de 150 años de esta republica criolla, la nación indígena y los pueblos selváticos permanecen excluidos del estado. Después de la primera mitad del siglo XIX, los comuneros indígenas empiezan a ser despojados de sus tierras y se da comienzo a la formación de los grandes latifundios en la costa y en la sierra.
Se forma la gran propiedad terrateniente y con el, LA OLIGARQUÍA Y EL GAMONALISMO que son los que van a controlar el estado hasta 1968.

Este Estado oligárquico, colonial, excluyente y centralista es desmontado por las reformas procesales iniciadas por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidido por el Gral. Juan Velasco en 1968-1975. Pero no llega a ser liquidado totalmente por la insuficiencia de las fuerzas intelectuales, políticas y culturales que asumieron la tarea de profundizar el proceso de las reformas estructurales. Es la razón por la que el segundo belaundismo restaura buena parte del aparato oligárquico de dominación ideológico-cultural (especialmente los medios de comunicación) y el sistema educativo, con el retorno de la democracia liberal en 1980.

Mientras tanto los partidos políticos tradicionales y la tecno-burocracia estatal permanecieron agazapados unos e invernando los otros, a la espera de los vientos restauradores, como efectivamente sucedió de 1980 en adelante.

A partir de esta década, los efectos de las profundas reformas realizadas por la primera fase del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas y las contrarreformas como la parcelación y la apertura ingenua del neoliberalismo empiezan a expresarse abiertamente como contradicciones insoslayables. Las grandes reformas transforman la geografía social y cultural del país. Acelera la migración masiva y acelerada del campo a la ciudad, la urbanización desbordante, el crecimiento explosivo de Lima y las grandes ciudades, el comercio ambulatorio masivo, la aparición de millones de micro y pequeñas empresas, la emergencia de nuevos referentes culturales.

Se configura lo que ha venido en denominarse “la informalidad”, esto es, un inmenso sector socio-económico excluido que opta por desarrollarse y funcionar al margen del estado neo-oligárquico, poniéndolo en crisis y generando una situación de grave conflicto, que algunos denominan la potencial inviabilidad del país.

En realidad se trata de la inviabilidad y colapso definitivo del Estado de herencia colonial, excluyente y centralista. Este estado que sufre un radical remozamiento con las reformas neo-liberales que impulsa el fujimorismo durante la década de los noventa no logra despojarse de su matriz oligárquica ni ganar en eficacia funcional; por el contrario, profundiza su divorcio de la sociedad y acrecienta su aislamiento.

Según varios estudios, entre 1970 y el 2003, el Producto Bruto Interno (PBI) producido por la informalidad habría crecido hasta el 60.9% del total, y de modificarse las tendencias se prevé que para el año 2012 llegará al 70%.

Entre tanto, la Población Económicamente Activa (PEA) informal es el 66% del total, mientras que la exclusión de la seguridad social es del 72%. En otras palabras, la mayor parte de la actividad económica y social del país se realiza fuera del control del actual estado. Este estado, por consiguiente, no corresponde a nuestra realidad social, económica, política ni cultural. Como hace 180 años, el estado funciona para una pequeña minoría, excluye a la gran mayoría y continúa viviendo de espaldas al Perú.

Esta situación coloca en grave riesgo el desarrollo nacional y social, por eso es imperativo y urgente su transformación radical. Se trata de organizar un nuevo estado que incluya y represente a todos los peruanos, sin exclusiones ni marginaciones de ningún tipo.

La abrumadora mayoría social, el denominado sector “informal”, es el Perú mestizo, cholo de predominante raigambre andina, amplia mayoría demográfica, socio-cultural y económica en la sociedad, que reclama su participación política, en un nuevo estado inclusivo, plural y democrático.

Por eso la urgencia de construir el Estado Pluricultural, Descentralista y Democrático, que es el Estado del nuevo Perú, del Perú de todos.